e Greenpeace dañaron las Líneas de Nasca al colocar letras sobre parte de la superficie. Tuvo que transcurrir un día para que el Ministerio de Cultura se pronunciara. ¿Se puede estar indignado por el daño a un patrimonio histórico y a la vez suscribir acuerdos que permitan su destrucción?

 

Durante la madrugada del pasado lunes, los activistas de Greenpeace colocaron letras amarillas de gran extensión en parte de la superficie de las Líneas de Nasca, las cuales componían el mensaje: “Tiempo de Cambio: El futuro es renovable”. Esta acción es “completamente consecuente en un país donde no se establece vigilancia para los patrimonios históricos y no menciona, en las 197 hojas del plan de gobierno, políticas para proteger los lugares que representan nuestra historia”, indicó Fabricio Valencia, docente del Diplomado en Gestión del Patrimonio Arqueológico en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

ACCIONES TARDÍAS 

El hecho fue calificado  de “indignante” por el Ministerio de Cultura (Mincu), a través de una nota de prensa, debido a que la acción se produjo en la zona colindante al geoglifo del Colibrí en las Líneas de Nasca, área donde está estrictamente prohibido cualquier tipo de intervención. Este comunicado fue publicado a las 6 de la tarde del día siguiente, cuando las pisadas de los activistas ya habían mellado el patrimonio.

¿Esta infracción pudo ser evitada? Para Valencia la respuesta es que si la zona hubiera estado supervisada por vigilantes, los activistas jamás se habrían atrevido a entrar. “Sólo tenemos registrado 12 sitios en la Lista del Patrimonio de la Humanidad, de los cuales 10 sitios son culturales y el Mincu tiene sedes en todas las regiones al interior del país, ¿es tan difícil destinar resguardo para esa mínima cantidad?”, cuestionó Valencia.

Además, la presidenta de la Asociación María Reiche Internacional de Arte y Ciencia, Ana María Cogorno, afirma que las Líneas de Nasca son agredidas constantemente a través de la minería ilegal, que a su vez desencadena en la invasión de terrenos. Esto se suma la organización del Rally Dakar, que pese a ser realizada por el Mincu, no evita  que los seguidores dejen basura y manejen sobre muchos  geoglifos.

Lea también: Daños irreversibles en las Líneas de Nasca

DESTRUIR LA HISTORIA 

En una conversación entre uno de los asesores del plan de Gobierno del presidente y Valencia, el primero le hacía ver al docente que en la hoja de ruta no se contemplaba la palabra cultura, ni se incentivaban las políticas para proteger el patrimonio histórico porque el enfoque de la gestión del actual mandatario es “economicista”. Esto quiere decir, en palabras de Valencia, “que Humala no considera la cultura como desarrollo y que concede primacía a la economía”.

Lo que afirma Valencia se suma al hecho de que en octubre de este año, el Ministerio de Cultura decidió firmar la resolución 364, que elimina la exigencia de una autorización previa de este sector ministerial para validar la licencia municipal de una obra ejecutada en un bien inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

Al firmar esta resolución, el Mincu deja de calificar los proyectos de habilitación urbana en inmuebles considerados patrimonio monumental, y quien pasa a encargarse de esto son las municipalidades. “Teniendo en cuenta que la cartera de Cultura no dispone de un procedimiento público para declarar a un bien como integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, transferirle estas funciones a las autoridades ediles podrían desencadenar en conflicto de interés”, advirtió Valencia.

Los encargados de supervisar los inmuebles históricos serán las comisiones técnicas de cada municipio. “Ante este escenario, las empresas podrían sobornar a los funcionarios para realizar sus obras”. Incluso, en la base de datos del Mincu sólo 133 de los 14.000 sitios arqueológicos han sido mapeados por el Gobierno para determinar sus límites precisos a pesar de que este trabajo empezó hacer 33 años.

“¿EN QUÉ SUSTENTAREMOS NUESTRA ECONOMÍA CUANDO NO HAYAN MINERALES QUE EXTRAER?”

No existe un registro de los daños que se han perpetrado a patrimonios históricos y sitios arqueológicos, al no estar mapeados por el Gobierno, en muchas casos no se puede determinar. Además, el departamento de Patrimonio Histórico es una subdependencia del Ministerio de Cultura, es decir, está sujeto a los múltiples temas que ve la cartera. “Lo que se debe hacer es crear una Superintendecia de Patrimonio Cultural, que sea un organismo autónomo, con el poder de fiscalizar y centrar su atención en el tema de protección”, indicó Valencia.

Hasta el momento, sólo existen dos tipos de sanciones contra infractores al patrimonio histórico, basados en la Ley 28296, sanción administrativa y penal. En las que se contempla respectivamente que el acusado pague una multa o se le condene a prisión hasta por seis años. Sin embargo, Valencia advierte que estas sanciones se pueden producir cuando se explora el patrimonio histórico aunque sea a distancia y con la mirada, por lo tanto, concluye en que debería replantearse la manera en que se fiscalizan estos delitos.

“Más que una condena, la gente debería valorar la presencia de los patrimonios culturales porque conservan nuestra identidad. El daño que les infringen es como si borrarán una parte de nuestra historia. Más allá de sentimentalismo, ¿en qué sustentaremos nuestra economía cuando no hayan minerales que extraer? La respuesta siempre será en nuestra riqueza patrimonial que es irreemplazable. Los turistas no vienen por nuestros centros comerciales, eso lo encuentran en cualquier parte, vienen por lo que nos diferencia como país, por nuestra cultura”, expresó Valencia para Tempus Noticias.

Lo que afirma Valencia se hace tangible en esta cifra: un 80% de turistas realizan actividades culturales cuando visitan Perú, según informó el Observatorio Turístico del Perú (OTP).

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